La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para el exfutbolista Álvaro Aguado por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en Barcelona en junio de 2024, durante la celebración del ascenso del RCD Espanyol a Primera División.
Según el escrito de acusación, los hechos habrían tenido lugar en el baño de una conocida discoteca de la ciudad, donde la víctima, trabajadora del club, habría sido agredida pese a mostrar su negativa.
El Ministerio Público sostiene que la mujer se encontraba en un estado de vulnerabilidad y que, aun así, el acusado continuó con la conducta denunciada.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía reclama una indemnización económica de 65.000 euros por los daños morales y las secuelas psicológicas derivadas del episodio. También plantea medidas posteriores como libertad vigilada y restricciones de contacto con la denunciante.
Por su parte, el exjugador mantiene una versión distinta de lo sucedido y defiende que la relación fue consentida. El caso, que ya fue instruido judicialmente en los últimos meses, se encuentra ahora a la espera de juicio, con el acusado en libertad provisional.
Este proceso judicial vuelve a situar el foco en la responsabilidad penal en el ámbito deportivo y en la necesidad de protocolos eficaces ante este tipo de denuncias.